LA BOTA DOCENTE - LUIS UGALDE

Luis Ugalde

No pude ver a la Fiscal en su increíble intervención en la Asamblea Nacional, pero la escuche por radio cuando en nombre de la “seguridad” lanzaba a la hoguera las libertades básicas. Sus palabras me recordaban todo lo que protestamos y escribimos en las décadas de 1970 y 80 contra la “doctrina de la seguridad nacional” de los dictadores del sur, mientras por mi mente pasaban las terribles imágenes de miles y miles de perseguidos, asesinados y desaparecidos en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil… Lo que para el poder militar era “seguridad” para millones de ciudadanos era persecución, terror y muerte.

Si hablar y escribir críticamente es delito, también lo es pensar y mucho más enseñar y discutir en el aula. Por tanto la nueva Ley Orgánica de Educación va acorde con el loco afán de control desde el poder. Las lamentables actuaciones de la Fiscal, de Lina Ron y ahora de algunos de la Comisión de Educación de la AN obedecen a la misma presión de arriba y urgencia que les obliga a precipitarse de manera escandalosa y muy negativa para el propio Gobierno-partido.

Este Proyecto de Ley de Educación, aprobado en Comisión con nocturnidad (de noche aprobaron lo no leído) y alevosía (“a traición y sobre seguro”, dice el diccionario) es impresentable de forma y de fondo, y suplantó al aprobado en 2001 en primera discusión.

A los 56 artículos se les ve la costura y la precipitación por todas partes. La redacción es infame y visible el maquillaje de términos más chocantes como “exclusividad” y “socialismo” para no asustar.

Ya el primer artículo atribuye al Gobierno-partido toda la responsabilidad y control de la educación; para disimular lo llaman “Estado”. No les bastan los valores de la Constitución (algunos les estorban) y en el artículo 3 enumeran 57 “valores rectores” que rigen la Ley. ¿Por qué esos solos y no 193 más? Colaboro: añádase al final un generoso etcétera, que en latín significa “y todo los demás”. De reírse, si toda la Ley no fuera trágica.

Hay una clave de lectura en este Proyecto que se pretende aprobar esta semana: la palabra Estado es un disfraz que oculta la intención de concentrarlo todo en el Gobierno-partido. En verdad el Estado son la Constitución y las leyes de la República y en ese sentido toda la actividad educativa -al menos la escolarizada- está regida por el Estado, tanto las actuaciones de los ciudadanos e instituciones, como las del Gobierno.

Pero en el afán de someter todas las responsabilidades e instituciones educativas al Gobierno-partido como suprema autoridad, se secuestra todo en el “Estado”. Se mencionan los padres, los niños, los educadores, universidades, empresas…; pero ni ellos ni la sociedad tienen derechos originarios y actúan en tanto en cuanto les de permiso el Gobierno-partido y sigan las directrices de éste. ¿Duda alguien de que gobierno y partido es lo mismo cuando el Presidente y varios ministros son las máximas autoridades del partido? La educación sometida al Gobierno-partido no es imaginación, es lo que hay en Cuba y lo que se quiere instalar en Venezuela. Por eso se reserva por ejemplo el ingreso a la Universidad y la formación de docentes al Gobierno-partido, llamándolo Estado.

La Ley pone la soga del Gobierno al cuello de las universidades (art.32), de los colegios privados (art.5, 2, i) y de las empresas (art.20), de los educadores; basta apretarla cuando lo desee el partido para que estas caigan ahogadas.

Es posible que por ahora (una vez aprobada) no la usen para golpear, pero la tienen lista para cuando haga falta apoderarse de toda la educación. Lo mismo que quieren con la propiedad: por ahora coexisten la propiedad estatal, social y privada, pero a futuro ésta no tiene razón de ser y se extingue ahogada. Es exactamente la realidad cubana.

¿Qué hacer? Lo mismo que se ha hecho con la monstruosa propuesta de la Fiscal sobre “delitos mediáticos”. Ley cocinada a espaldas de cientos de miles de educadores, millones de madres y padres, millones de estudiantes, decenas de universidades que tienen indeclinables responsabilidades educativas; hay que ejercerlas con esta Ley o sin ella.

Si queremos una buena educación democrática y abierta para todos los venezolanos, la sociedad de mil formas debe mostrar su rechazo y su soberanía ante los secuestradores, y exigir su discusión abierta.